POR LOS DERECHOS DE NUESTRA MADRE TIERRA, POR NUESTRA DIGNIDAD COMO PUEBLOS MILENARIOS

Es justo reiterar que nuestro país históricamente ha sido objeto de invasión, de saqueo, de despojo y por lo tanto de acumulación de capital en pocas manos. Riqueza que se ha forjado para unos pocos con la complicidad, la anuencia y la actuación directa del Estado, como aparato institucional, a través de un sistema jurídico que es propicio a intereses particulares y sus políticas de entreguismo, y a la vez, de olvido y marginación de los intereses nacionales.

Las políticas de expoliación impuestas por el capital transnacional, no solamente han dejado sin su riqueza y sus bienes naturales a nuestro país, con consecuencias irreversibles a la madre naturaleza, sino también provocado de manera sistemática violaciones a nuestros derechos fundamentales

Ante esas circunstancias los pueblos de Guatemala y en particular los pueblos indígenas hemos hecho una resistencia histórica que nos ha permitido sobrevivir y con ello también traer a este tiempo una visión sobre el mundo que hoy nos permite alertar y denunciar los graves peligros que se ciernen sobre las comunidades indígenas y del pueblo en general, sobre los territorios en los que vivimos y sobre la madre naturaleza con la explotación de minerales a cielo abierto y otras formas de explotación de nuestros bienes naturales por cuanto ponen en riesgo nuestra vida y vida de nuestro entorno. Con nuestra lucha pacífica no solamente defendemos y ejercemos nuestros derechos sino también defendemos y priorizamos los intereses nacionales.

A los pueblos de Guatemala, a la comunidad internacional, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general manifestamos:

1. Apelamos al Estado de Guatemala, a sus instituciones, a los operadores gubernamentales, que prioricen sus políticas y su actuación en favor del interés de las comunidades, del país y del respeto a los derechos de sus ciudadanos.

2. Rechazamos, por improcedente y cómplice el informe de la COPREDEH presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y exigimos al gobierno de Guatemala rectificar el procedimiento y acatar plenamente las medidas cautelares para las 18 comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

3. Demandamos al Sistema de Justicia resolver con objetividad e imparcialmente la acción constitucional de amparo interpuesta contra el Gobierno de Guatemala por parte de las comunidades afectadas para que el gobierno cumpla con las medidas cautelares de la CIDH.

4. Exigimos el cierre definitivo de la mina Marlin, además de las múltiples denuncias sobre los daños que produce sus operaciones y los riesgos inminentes aún más graves, por operar en terrenos cuya propiedad es del pueblo de San Miguel Ixtahuacán.

5. Exigimos respeto a las 42 consultas comunitarias que constituyen mecanismos ancestrales de toma de decisiones como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT.

6. Exigimos la anulación de licencias de minería de metales e hidroeléctricas, otorgadas ilegalmente, sin el consentimiento ni previa consulta a nuestros pueblos.

7. Apelamos al Estado de Guatemala, a sus instituciones, a los operadores gubernamentales; coherencia, responsabilidad y prioridad a los derechos colectivos de nuestros pueblos y no a las empresas transnacionales.

Guatemala 28 de julio de 2010

CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE (CPO)

CONVERGENCIA NACIONAL MAYA Wak’ib Kej

Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL